Carolina del Norte desafió este lunes al Gobierno de Estados Unidos en el pulso por su polémica ley contra los ciudadanos transexuales. El Estado sureño mantuvo intacta la ley y demandó al Departamento de Justicia federal después de que este le alertara la semana pasada de que la ley viola las normativas de derechos civiles. El Departamento de Justicia contraatacó interponiendo su propia demanda al Estado.

La ley de Carolina del Norte, que se aprobó en marzo y fue emulada por Misisipi, exige que todos los ciudadanos utilicen los baños públicos del género que se les asignó al nacer. Es decir, prohíbe que una persona nacida como hombre que ha hecho una transición a mujer utilice los baños de mujeres. La normativa se ha convertido en el último caballo de batalla de los colectivos LGTBI, y ha propiciado un boicot de artistas y empresas a Carolina del Norte.

No son insólitos los choques legales entre el Gobierno federal y los Estados en asuntos sociales. En los años sesenta, la presión del Gobierno a los Estados sureños contribuyó al fin de la segregación racial. El apoyo del Gobierno de Barack Obama al matrimonio homosexual y el rechazo de algunos Estados llevaron al Tribunal Supremo a dirimir sobre el asunto. La Corte legalizó el pasado julio el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El pasado miércoles, la fiscal general y responsable de la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Vanita Gupta, envió una carta al Gobierno de Carolina del Norte avisándole de que su ley “está poniendo en práctica un patrón de discriminación contra los trabajadores transexuales”. El plazo para responder expiraba este lunes, cuando el Gobierno regional consideró “infundadas” las quejas de Justicia y acusó al Departamento de “extralimitarse”.

Carolina del Norte, gobernada por el Partido Republicano, se enfrenta además a la posibilidad de que el Gobierno del demócrata Obama le retire una suma importante de fondos federales que afectarán drásticamente al presupuesto del Estado.

El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, afronta en noviembre una reñida elección para revalidar el cargo y ha hecho de la ley contra los transexuales una bandera electoral, con la que aspira a movilizar a votantes conservadores. En el escrito legal, McCrory y el secretario de seguridad del Estado demandan a Gupta y a la fiscal general de EE UU, Loretta Lynch, por hacer una “interpretación radical” de la ley federal de derechos civiles.

En la demanda contra Carolina del Norte, el Departamento de Justicia considera que la polémica norma fija un patrón y práctica de discriminación, y viola tres artículos de la Ley de Derechos Civiles referentes a la prohibición de discriminación por educación, empleo y sexo.

“Lo que hace esta ley es infligir mayor indignidad a una población que ya ha sufrido mucho más de lo que sería justo”, dijo Lynch al anunciar la demanda federal. La fiscal, que es afroamericana y oriunda de Carolina del Norte, recordó que hasta hace cinco décadas ese y otros Estados sureños tenían carteles que discriminaban a la población negra. “Tenemos que aprender de la historia y evitar repetir los errores del pasado. La discriminación estatal nunca funciona”, señaló.

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